Estados demandan a Trump por fondos de planificación
LOS ÁNGELES, EE.UU..– Una coalición integrada por 23 fiscales generales y gobernadores demandó el jueves al Gobierno del presidente Donald Trump por los cambios aplicados a las asignaciones federales destinadas principalmente a servicios de planificación familiar y salud reproductiva.
Los demandantes sostienen que las nuevas condiciones impuestas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) castigan a los estados y proveedores que no se alineen con las prioridades políticas de la Administración Trump.
La demanda impugna las nuevas condiciones establecidas para las subvenciones del Título X correspondientes al año fiscal 2027, publicadas por el HHS el pasado mes.
Estados cuestionan nuevas condiciones
El Título X constituye la principal fuente de financiamiento federal destinada específicamente a respaldar servicios de planificación familiar y salud reproductiva para personas de bajos ingresos en Estados Unidos.
Los recursos permiten financiar servicios como anticoncepción, atención relacionada con la infertilidad, control de la natalidad, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y detección de cáncer.
Los fiscales y gobernadores argumentan que las nuevas condiciones son inconstitucionales porque amenazan con retirar los fondos a estados y proveedores que no cumplan con las prioridades establecidas por el Gobierno federal.
La medida del HHS establece que los beneficiarios que dejen de cumplir con las prioridades del departamento podrían perder la totalidad de las subvenciones asignadas.
La disputa también se relaciona con las políticas de la Administración Trump sobre diversidad y reconocimiento de las identidades transgénero y las necesidades médicas específicas de este grupo.
California encabeza la ofensiva legal
El fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda, acusó al presidente Trump de intentar utilizar los fondos destinados a la planificación familiar como una herramienta de presión política.
“El Título X busca hacer accesibles la planificación familiar y la atención reproductiva para todos”, afirmó Bonta en un comunicado, en el que cuestionó las condiciones establecidas por el Gobierno federal.
La coalición considera que el Ejecutivo está utilizando el financiamiento federal para imponer determinadas posiciones ideológicas sobre los estados y proveedores que reciben las subvenciones.
Además de California, la demanda cuenta con la participación de los fiscales generales de Nueva York, Maryland, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.
También se sumaron a la querella los gobernadores de Pensilvania y Kentucky.
La acción judicial abre un nuevo frente de disputa entre la Administración Trump y varios estados sobre el uso de fondos federales destinados a servicios de salud y planificación familiar.
