MP deposita solicitud medida de coerción contra detenidos en Operación Pandora
SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público depositó la noche del lunes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, su solicitud de medidas de coerción contra los diez implicados en la red criminal que operaba desde la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
La comitiva del Ministerio Público estuvo encabezada por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien aseguró que el expediente contiene pruebas contundentes para sustentar las acusaciones contra la red imputada de sustraer más de 900,000 proyectiles.
Según Camacho, la solicitud incluye prisión preventiva como medida de coerción, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.
Se recuerda que durante el fin de semana, en el marco de la denominada operación Pandora, las autoridades realizaron múltiples allanamientos en varias provincias, logrando la detención de altos oficiales y subalternos, entre ellos el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones; Juan Miguel Pérez Soler, subintendente; capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat; cabo Juan Luis Díaz Medina; raso Rubiel Martínez (alias Escobar); raso Moreibin Medina Pérez y Miguelina Bello Segura, civil.
La operación, denominada «Pandora», se ejecutó tras meses de investigación conjunta entre el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Desde octubre, los fiscales y equipos técnicos han trabajado en el caso, evidenciando violaciones disciplinarias y penales a través de auditorías y seguimientos. Los allanamientos realizados en el Distrito Nacional y otras provincias permitieron recolectar pruebas clave y detener a los acusados.
Según el expediente, la red manipuló datos y trató de ocultar la sustracción de municiones en al menos dos auditorías. El Ministerio Público destacó la magnitud de los esfuerzos realizados en esta operación, que incluyó más de 200 agentes de unidades especiales y 40 fiscales.
