Dictan un año de prisión preventiva contra tres miembros de una familia por presunta estafa millonaria en La Romana
LA ROMANA.– La jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, impuso este viernes un año de prisión preventiva como medida de coerción contra tres integrantes de una misma familia, acusados de estar vinculados a una presunta estafa millonaria relacionada con las operaciones de la Casa de Cambio Rodríguez, un caso que habría afectado a más de un centenar de personas.
Los imputados son Alejandro Rodríguez, propietario del establecimiento; su hijo Alex Ernesto Rodríguez y su nieta Ámbar Melisa Rodríguez, hija de Alex, quienes deberán cumplir la medida mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con las informaciones suministradas, la audiencia inició alrededor de las 9:00 de la mañana de este viernes y se extendió hasta horas de la noche, luego de intensos debates entre los representantes del Ministerio Público y los abogados de la defensa.
La magistrada dispuso que Alejandro Rodríguez y Alex Ernesto Rodríguez cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, en La Romana, mientras que Ámbar Melisa Rodríguez deberá guardar prisión en un recinto penitenciario para mujeres en Higüey, provincia La Altagracia.
El proceso judicial ha generado gran atención en La Romana y otras localidades de la región Este, debido a la cantidad de personas que alegan haber resultado perjudicadas económicamente por las presuntas irregularidades atribuidas a la casa de cambio.
Según las informaciones preliminares, los afectados superarían el centenar de personas, quienes reclaman la intervención de las autoridades y una respuesta judicial que permita esclarecer lo ocurrido.
La audiencia de este viernes se produjo luego de un aplazamiento anterior, en medio de las expectativas de los querellantes y familiares de los involucrados.
Es importante destacar que la prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una sentencia condenatoria, por lo que los imputados mantienen su presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad mediante una decisión judicial definitiva.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, mientras los denunciantes esperan que el proceso permita establecer responsabilidades y determinar el destino de los recursos económicos presuntamente comprometidos.
