PLD: Gobierno PRM insiste en imponer reformas sin escuchar y sin construir consensos
SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) considera preocupante que el Gobierno y la mayoría congresual del PRM continúen impulsando reformas de alto impacto económico y social sin construir los consensos necesarios, sin escuchar a las instituciones responsables, a los sectores involucrados ni presentar los estudios técnicos que justifiquen sus decisiones.
La organización política sostuvo que la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos constituye un nuevo ejemplo de esa forma de gobernar, apenas un año después de promover y promulgar la Ley 98-25, el propio Gobierno impulsa una nueva reforma, reconociendo en los hechos que la legislación anterior requería correcciones.
El PLD indicó que, pese a ello, se ha repetido el mismo procedimiento de aprobación acelerada en el Senado mediante un trámite de urgencia, sin estudios especializados suficientes y sin un proceso amplio de consulta.
La organización recordó que el 23 de junio de 2025 fijó públicamente su posición sobre la reforma a la Ley 225-20, advirtiendo que la iniciativa contenía disposiciones que limitaban las competencias de los gobiernos locales. Planteó la necesidad de preservar la libre competencia y la libertad de empresa, y propuso que las contribuciones ambientales fueran proporcionales, progresivas, vinculadas a metas verificables y sustentadas en fundamentos técnicos.
Según el partido opositor, ninguna de esas recomendaciones fue incorporada en la promulgada Ley 98-25 y, apenas un año después, el Congreso se encuentra nuevamente modificando la misma legislación, lo que, a su juicio, confirma que el problema no fue la ausencia de advertencias, sino la falta de disposición del Gobierno para escuchar.
El PLD aseguró que, desde el inicio de sus ruedas de prensa, ha mantenido el compromiso de ejercer una oposición responsable, presentando propuestas, formulando recomendaciones y señalando alternativas orientadas a mejorar las políticas públicas y contribuir al bienestar colectivo.
La organización reconoció que el nuevo proyecto busca corregir parcialmente algunos problemas de proporcionalidad de la reforma anterior al establecer una escala de contribuciones más gradual.
Sin embargo, sostuvo que una política ambiental no puede medirse únicamente por lo que recauda, sino por su capacidad para reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y producir resultados ambientales verificables.
Asimismo, el partido consideró que el principio de que quien más contamina debe contribuir más constituye un criterio correcto de política ambiental.
Señaló que dicho principio solo puede aplicarse cuando existe información verificable que permita identificar quién genera realmente mayores volúmenes de residuos y cómo distribuir las contribuciones de forma objetiva, proporcional y transparente.
El PLD advirtió que utilizar exclusivamente el nivel de ingresos como criterio podría generar distorsiones entre la capacidad económica de una empresa y su impacto ambiental efectivo.
De igual manera, manifestó preocupación porque una reforma de esta magnitud avance sin que se haya informado al país cuál ha sido la participación técnica del Ministerio de Medio Ambiente, del Fideicomiso DO Sostenible y de otras instituciones directamente responsables de ejecutar la política nacional de residuos.
La organización destacó que entidades como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y otros sectores productivos han coincidido en reclamar mayor diálogo, deliberación técnica, seguridad jurídica y decisiones sustentadas en evidencia.
Finalmente, el PLD hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que no se repitan los errores del pasado y reiteró el compromiso de sus legisladores de promover las mejoras necesarias a la iniciativa.
El partido concluyó que la República Dominicana necesita una legislación que incentive efectivamente la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de los residuos; fortalezca la protección del medio ambiente; garantice la sostenibilidad financiera del sistema sin afectar innecesariamente la competitividad; y responda a una visión de largo plazo.
Sostuvo que las reformas ambientales no deben convertirse únicamente en instrumentos de recaudación, sino en herramientas para transformar la gestión de los residuos, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población dominicana.
