Cuestionan sentencia del TSA que busca modificar límites del Parque Nacional Jaragua
SANTO DOMINGO.- La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y el Equipo Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresó su profunda preocupación ante la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que busca modificar los límites del Parque Nacional Jaragua, facilitando proyectos privados.
Las entidades consideraron la sentencia «altamente sospechosa».
La ACRD indicó, mediante una nota de prensa, que las organizaciones reiteraron su respaldo al comunicado de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, de la cual forman parte, alertando las implicaciones de esta decisión judicial.
Según las comisiones, la sentencia se alinea con intereses políticos, empresariales, legislativos, inversionistas y religiosos que históricamente han buscado reducir las áreas protegidas para beneficio particular, en detrimento del interés colectivo.
Advirtieron que esta decisión viola el artículo 16 de la Constitución dominicana, que protege las áreas protegidas como bienes patrimoniales inalienables, inembargables e imprescriptibles, cuya modificación de límites requiere una ley aprobada por dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional.
Recuerdan que la Ley Sectorial sobre Áreas Protegidas 202-04 establece el carácter definitivo e irreducible del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y su condición de patrimonio estatal inalienable, imprescriptible e inembargable.
Las comisiones alertaron sobre la posibilidad de que esta sentencia sea un «ensayo» para desmembrar progresivamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, amparándose en formalidades judiciales para satisfacer aspiraciones de apropiación del patrimonio natural y cultural de la nación.
Subrayan que estas pretensiones atentan contra el futuro del país, ya que las áreas protegidas proveen servicios ambientales esenciales como la calidad del aire, el suministro de agua, la seguridad alimentaria y la regulación climática.
Enfatizaron que ninguna sentencia debe comprometer el bienestar colectivo en favor de intereses particulares, llamando a rechazar cualquier intento de reducir o destruir las áreas protegidas.
Finalmente, las entidades esperan que el Tribunal Constitucional derogue la sentencia y consolide el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como un bien público fundamental, cerrando el paso a la apropiación de bienes colectivos.
