Imponen medida de coerción a los 11 policías acusados de abatir a 5 jóvenes en Santiago
SANTIAGO. – La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso el martes medidas de coerción a los once agentes de la Policía Nacional, acusados de abatir a cinco jóvenes el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.
La jueza Yeritza Cabral decidió imponer tres meses de prisión preventiva a cuatro de los agentes, mientras que los siete restantes deberán cumplir con una garantía económica de un millón de pesos cada uno mediante una compañía aseguradora, además de presentación periódica y impedimento de salida del país.
Los acusados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los once agentes, quienes son investigados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Según la Procuraduría General de la República, los imputados habrían forjado un enfrentamiento y tras el hecho cometieron diversas acciones para ocultar evidencias y entorpecer la investigación. Entre estas acciones se incluyen sustraer los DVR de los negocios de la plaza, así como teléfonos de varias personas presentes en el lugar.
Además, los agentes habrían contactado al propietario de un negocio cerrado para obligarlo a entregar el DVR del local, el cual fue retirado para supuestamente destruir evidencia relevante para el caso según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales.
La investigación está a cargo de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) designado por la PGR, mientras que las autoridades continúan recopilando pruebas que permitan esclarecer los hechos que provocaron la muerte de los cinco jóvenes.
